Goteo incesante de sentencias, sin precedentes, contra la retirada de la extra
La Xunta de Galicia y el Principado de Asturias también deberán devolver a sus empleados públicos la parte devengada de la paga extra de Navidad, entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, en virtud de dos sentencias de los tribunales superiores Justicia de estas comunidades autónomas.
En concreto, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia obliga a la Xunta a devolver al personal laboral este concepto retributivo, tanto en la extra de 2012 (derivado del Decreto del Gobierno Central), como en la extra de Junio de 2013 que retiró el Gobierno Gallego.
Por su parte el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha establecido el derecho a recibir la parte proporcional de la extra de navidad de 2012 a todo su personal de la Junta General. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las administraciones públicas, considera que el Gobierno está demorando de manera injustificada la devolución de esta retribución al conjunto de los empleados públicos, a sabiendas de que se están produciendo resoluciones judiciales a lo largo y ancho del Estado.
Por este motivo, se van a producir discriminaciones porque lo que ya se reconoce en algunas administraciones, como Galicia, Asturias, Castilla y León, Extremadura, así como en ayuntamientos comoSevilla o Zaragoza, no se hace extensible al resto de trabajadores del Estado.
CSI-F considera que este derecho es ya un clamor, ante el goteo incesante de resoluciones judiciales y las cuestiones de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional tiene actualmente encima de la mesa. Por tanto, confía en que la devolución debe ser cuestión de tiempo.
José Arcos (Oliva, 1957) entró a formar parte de la plantilla del cuerpo de la Policía Local de Oliva en 1979. En la actualidad es presidente autonómico del sector de la administración local en la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F). Desde este cargo trata de defender los intereses de los empleados públicos dependientes de los ayuntamientos y entes locales. Su principal lucha la mantiene con el Gobierno Central por la voluntad de modificar la Ley de la administración local, que augura provocará el despido de mucho empleados.